Apenas unos días después de que la Diputación Foral de Guipúzcoa anunciara que dejará de cobrar los peajes tras la sentencia del Tribunal Supremo que confirma la ilegalidad de los peajes a camiones en las carreteras N-1 y A-15 , una nueva amenaza para los transportistas comienza a materializarse en el horizonte; la aplicación de esta misma medida en la mayor parte de las carreteras de la red viaria de Vizcaya para obligar al transporte a circular por autopistas de peaje en esta provincia.
El anuncio de la medida pone en entredicho, una vez más, la capacidad de gestión y los datos que manipulan políticos que pretenden justificar medidas recaudatorias argumentando criterios de sostenibilidad y medio ambientales.
Para Fetransa, la excusa puesta en su momento por la Diputación de Guipúzcoa (llevada a los tribunales por el Comité Nacional de Transporte), y la ahora asumida por la Diputación de Vizcaya, son una interpretación torticera de datos cuyo único objetivo es justificar el doble pago del uso de las carreteras, ya que con los 11.000 millones que se recaudan a través del impuesto de hidrocarburos debería de ser más que suficiente para pagar la factura de mantenimiento y conservación de estas vías
Fetransa recuerda a los políticos responsables de estas decisiones, que el transporte por carretera, según datos del Observatorio del Transporte, apenas está implicado (que no responsable), en el 11% de los accidentes con víctimas en nuestras carreteras. Del mismo modo, el criterio medioambiental, cae también en el descrédito del promotor de la información, pues es falso que el transporte de mercancías en vehículos pesados suponga el 25% de las emisiones , pues en la actualidad, en toda Europa no llega a significar el 2,5% de estas emisiones de CO2.
Tampoco es cierto que la única vía para derivar el paso de los vehículos pesados hacia las autopistas de peaje sea la de instalar peajes en las carreteras convencionales, ya que como viene reclamando Fetransa desde hace años, es mucho más sencillo y menos gravoso para las exportaciones de España hacia Europa, bonificar las autopistas. Por cierto, esta medida sí se ha demostrado eficaz para incentivar que los camiones prefieran abandonar las carreteras nacionales.
Siguiendo con las declaraciones del diputado foral, Fetransa insiste en que frente al problema de posible saturación de algunas carreteras nacionales y comarcales, la solución no es la de hacer pagar más impuestos al transportista que ya paga mucho más de lo que debería a través del impuesto de hidrocarburos, sino la de invertir en la mejora de esas vías, claro que para eso se requiere una administración y unos políticos capaces, cosa que a todas luces no se da en este caso.
De nuevo, la criminalización del transporte y los profesionales que se dedican a esta profesión, supone un argumento para tomar decisiones de difícil justificación. La credibilidad de la clase política al justificar este tipo de situaciones, queda muy dañada generando, desgraciadamente, un clima en el que cada vez más, resulta complejo ejercer una profesión que está considerada por la comisión europea como esencial para el mantenimiento de la economía.
Fetransa recuerda que el acoso al transporte puede llevar a situaciones similares a las que ahora debe enfrentarse Gran Bretaña, con una ausencia considerable de conductores profesionales y como consecuencia la solicitud de que el ejército ponga a disposición sus conductores ante el riesgo de desabastecimiento de la población, una amenaza que en nuestro país, no queda tan lejos de materializarse.